El Tribunal Supremo en sentencia 652/2016 de 15 de julio de 2016 declara que «la aportación al proceso de grabaciones de conversaciones de particulares realizadas por uno de sus protagonistas no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, pues este derecho no puede esgrimirse frente a los propios intervinientes en la conversación», en coherencia con otras sentencia previa del Tribunal Constitucional número 114/1984, de 29 de noviembre y otra del propio Tribunal Supremo, de 9 de julio de 1993, entre otras muchas.
Por su parte el Tribunal Constitucional, en la citada sentencia número 114/1984, de 29 de noviembre, así como en la 56/2003, de 24 de marzo dejó claro que «no hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 CE la retención/grabación, por cualquier medio, del contenido del mensaje”.
Lo mejor es que dichas sentencias no son unos hitos exclusivos, sino que forman parte de un cuerpo jurisprudencial consolidado tras otras muchas sentencias que excluyeron la conculcación del derecho al secreto de las comunicaciones por el hecho de grabar y almacenar una conversación por parte de uno de los intervinientes de la misma, en sentencias tales como SST 2081/2001, de 9-11; 2008/2006, de 2-2; 1051/2009, de 28-10; 682/2011, de 24-6; y 298/2013, de 13-3.
Desde la óptica del derecho penal el uso de grabaciones de conversaciones privadas por uno de los interlocutores no vulnera:
-en ningún caso el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones
– el derecho constitucional a la intimidad, salvo casos excepcionales;
– el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, cuando se han realizado en el ámbito particular;
Sin embargo, pudieran incurrir en nulidad probatoria si:
• Si fueren obtenidas mediante engaño, pero eso solo sería solo desde la posición de una superioridad institucional (agentes de la autoridad o superiores jerárquicos) no así cuando se trata de grabaciones autorizadas por la autoridad judicial conforme a los artículos 588 y siguientes de la Lecrim, que no es el supuesto del que hablamos ahora.
• Si fueren obtenidas mediante argucias con la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra, en cuyo caso habrán de ponderarse el conjunto de circunstancias concurrentes.
Finalmente, en cuanto a cómo se deben realizar dichas grabaciones según la ha indicado en su interesante sentencia 213/2014 de fecha 2 de diciembre de 2014, la Audiencia Provincial de Zaragoza, que se tomó la molestia de recopilar la jurisprudencia para que la grabación que un particular haga de sus propias conversaciones, telefónicas o de otra índole, no supongan un atentado al secreto de las comunicaciones según (STS 20-2-2006; STS 28-10-2009, núm. 1051/2009) además de precisando según (STS 25-5-2004, núm. 684/2004) que las cintas grabadas no infringen ningún derecho, en particular el artículo 18.3 de la Constitución Española. Distinguiendo claramente entre grabar una conversación de otros y grabar una conversación propia con otros.
Pues no constituye violación de ningún secreto la grabación de un mensaje emitido por otro cuando uno de los comunicantes quiere que se perpetúe, en cualquier caso, la grabación por sí misma no es constitutiva de delito alguno…
En definitiva, consideramos que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de abril de 2004 sirve de resumen perfecto a la situación cuando dicta que “La grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad o espacio reservado de la persona ya que el que resulta grabado ha accedido voluntariamente a tener ese contacto y es tributario y responsable de las expresiones utilizadas y del contenido de la conversación.
Fuente: Confilegal