A inicios del mes de agosto, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, anunció la apertura del trámite de audiencia e información pública del nuevo Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal.
Después de que esta Redacción reconociese cuáles son los 5 principales cambios del nuevo proyecto normativo, en esta ocasión trasladamos a nuestros lectores la valoración realizada por la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES) sobre el repetido documento.
Pues bien, según anuncian desde la Asociación que nació con el objetivo de representar al colectivo de Entidades Especializadas y servir de interlocutor válido para con los poderes públicos y los diferentes operadores jurídicos implicados en los procesos de liquidación concursal, el 40% de las empresas españolas llevarán a cabo en los próximos tiempos procesos de reestructuración. Ante esta cifra, el Anteproyecto presentado por el Ejecutivo “con urgencia y en pleno período vacacional -tanto empresarial como judicial-“, a juicio de la ANEES es “precipitado” y padece de un “planteamiento erróneo de prioridades” ya que antepone “la situación de la Administración Pública frente al empleo y la viabilidad de las empresas, dado que el mismo considera prioritario hacer frente a las deudas con hacienda y la seguridad social aunque esto suponga el naufragio definitivo de la empresa”.
En palabras de Alex Munné Gómez, presidente de ANEES, “es un proyecto estatalizante y nada proclive a la preservación del empleo ni de la estructura empresarial española formada en un 94% por micro-pymes”.
Las empresas de menos de 10 trabajadores o micro-pymes están experimentando un fuerte incremento de procesos concursales. En concreto, según los datos facilitados por la Asociación, son casi 4.000 procesos concursales en lo que va de año, afectando de una forma más sensible a aquellos sectores más castigados: la hostelería y el comercio.
Así, además de denunciar la falta de seguridad jurídica en los denominados planes pre-concursales de reestructuración empresarial y de mostrar su disconformidad con la “innecesaria” creación de una plataforma pública de liquidación de bienes, la Asociación presidida por Munné advierte que la justicia resultará más saturada que aliviada de asuntos. En su opinión, “la idea que subyace en la reforma legal desde la exposición de motivos es la de reducir la saturación de la justicia y agilizar trámites, pero la realidad es que en ámbitos como la «segunda oportunidad» hay vacíos legales que van a provocar el efecto contrario del deseado incrementando la judicialización de muchos procesos”.
Al hilo de lo anterior, y como apunta el titular, cerca de 3,4 millones de microempresas podrían quedarse fuera de ser beneficiarios de la segunda oportunidad. Según los datos recabados por ANEES, los sectores del comercio, la hostelería y las inmobiliarias serían los ámbitos más afectados, al ser los que tienen un grado mayor de porcentaje de insolvencias.
Fuente: Economist & Jurist