La 24/2015 fue recurrida por el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional, en mayo de 2016, y como consecuencia del recurso el TC suspendió la aplicación de gran parte de su articulado, que entre otras cosas preveía un alquiler social obligatorio por parte de los grandes tenedores a las familias vulnerables que no pueden pagar su alquiler o hipoteca y la cesión obligatoria para aumentar el parque de vivienda asequible.

Pues bien, el actual Gobierno ha retirado dicho Recurso, por lo que el Tribunal Constitucional ha aceptado esta retirada, quedando pendiente la publicación en el BOE de esta Resolución, momento en que la Ley podrá ser aplicada en su integridad.

Destacamos que uno de los puntos más relevantes de la Ley 24/2015 es que las familias vulnerables no pueden ser desahuciadas sin alternativa habitacional.